El pacto al que han llegado IU y los socialistas para la Ley de la memoria histórica es revelador en varios aspectos.
Primero, por lo que aclara, por si quedara alguna duda, sobre la debilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero. Está obligado a movilizar, o mejor dicho resucitar, la franja radical-lunática de su electorado en vista del desastre al que ha conducido la rendición no aceptada –colmo de sarcasmo– por los etarras. Si ganan las próximas elecciones nos gobernarán unos zombis. Rojos, eso sí.
Segundo, por lo que se viene diciendo una y otra vez, con razón, acerca de la demolición de los pactos en los que se fundó la Transición y por tanto la democracia liberal española. Un solo matiz: quizás se insiste poco en que no se trata aquí de la consecuencia indeseada de una decisión política, sino, más probablemente, del resultado de un programa deliberado de cambio de régimen. A Rodríguez Zapatero no le vale la legitimidad del pacto que llevó a la Constitución del 78. Quiere apuntalar otra para su sueño de una nueva... ¿España? Esa legitimidad se remonta a la ideología progresista, revanchista y antidemocrática que inspiró la Segunda República. Más resucitados.
Pero aún queda otro aspecto. El pacto de los comunistas con los socialistas de Rodríguez Zapatero borra de la "memoria histórica" las víctimas de los defensores de la llamada "legalidad republicana". Al querer enterrar otra vez y volver a olvidar a los asesinados en Paracuellos, en la Cárcel Modelo, en los "paseos" y las checas de Madrid, en la represión de Barcelona, en las guerras intestinas entre comunistas, nacionalistas, anarquistas y trotskistas, en el genocidio contra los religiosos, lo que hace el Gobierno y sus aliados es, irremediablemente, dar legitimidad a la violencia política. Unos cometían un crimen, se nos dice, y los otros (los nuestros, es decir, los de Rodríguez Zapatero), un error, una equivocación. Como mucho. Probablemente estuvieran cometiendo una heroicidad.
La misma mentalidad inspira el proceso de rendición ante los etarras, que no es vivido por los socialistas como tal, sino como la renovación de una alianza natural entre progresistas de distinto pelaje. La excarcelación de De Juana, la complicidad de la Fiscalía, el desprecio hacia las víctimas, la negativa a interrumpir el "proceso" nos llevan a lo mismo. Siempre que sea contra el "enemigo político", la violencia, la violencia política, es aceptable, tal vez incluso recomendable. Los demás, los que no piensan como nosotros, no tienen ningún derecho. Ni siquiera a ser recordados. Los condenados por el social nacionalismo en el País Vasco saben que en una afirmación como esta no hay la menor hipérbole.
Esos son los presupuestos morales sobre los que se funda el nuevo régimen de Rodríguez Zapatero.
